El último Pleno del año comenzó con cuarenta y cinco minutos de retraso en una sesión que tenía como punto principal la resolución del convenio, que desde el año 2002, tiene firmado el Ayuntamiento con la Asociación de Clubes Deportivos y que ha sido renovado en sucesivos períodos desde entonces. Un punto que afectaría a la continuidad del servicio que el Polideportivo presta a alrededor de 2.600 ciudadanos de todas las edades.
Circunstancias de última hora relacionadas con este punto fueron precisamente las que justificaron el retraso, nunca visto en los últimos años. Al parecer, la documentación presentada por el equipo de gobierno contenía, pero sin destacar, una objeción del interventor municipal que había pasado inadvertida para los miembros de la oposición que la detectaron justamente poco antes del inicio de la sesión Plenaria. Por otro lado, se advirtió también de un posible conflicto de intereses que afectaría a la concejala responsable del área de Deportes, Eva Santafé, encargada de la presentación de este punto en concreto, debido a que la regidora se encuentra en la actualidad en situación de excedencia de un puesto de trabajo en la propia Asociación de Clubes.
El primer problema se solucionó con una moción de urgencia presentada por el propio alcalde para levantar el reparo del interventor municipal que condujo a un empate en la votación – a favor el equipo de gobierno, en contra toda la oposición – que tuvo que ser dirimido en segunda votación por el voto de calidad del alcalde. Anteriormente se produjo la misma situación de voto para rechazar una propuesta del Partido Popular que proponía no abordar el asunto hasta disponer de los oportunos informes jurídicos sobre los puntos en conflicto, preparados por el secretario municipal.
La segunda circunstancia obligó a la concejala, Eva Santafe, a ausentarse del Pleno durante la discusión tanto de la moción de urgencia, como del punto en concreto, cuya presentación tuvo que ser asumida por el propio alcalde.
Torrent explicó los antecedentes que se han producido hasta llegar a la situación actual. La gestión del Polideportivo fue encomendada en su día a una empresa privada que la abandonó, viéndose obligado el Ayuntamiento, a asumirla a través del referido convenio con una Asociación de Clubes que se creó a dichos efectos. La fórmula ha venido funcionando con éxito desde 2002, pero queda fuera de la legalidad desde la aprobación de la nueva 'Ley de Contratos del Sector Público', vigente desde 2017. De acuerdo con ella, el ayuntamiento viene obligado a abrir un proceso de ‘licitación pública del servicio’ sin poder adjudicarlo directamente a una única entidad a través de la fórmula del convenio. No solamente eso, para cumplir con la legislación vigente, el Ayuntamiento vendrá obligado a aprobar un reglamento de uso de las instalaciones del Polideportivo y una ordenanza y finalmente a abrir el mencionado expediente de licitación del servicio por una parte, y de los Juegos Deportivos por otra.
El problema fundamental es que este proceso requiere tiempo – al menos, seis meses – y que el convenio actual termina el 31 de diciembre, por lo que se hace necesaria una “continuidad transitoria” desde el 1 de enero próximo hasta culminar, como mínimo en julio de 2019, la licitación.
La llamada “continuidad transitoria” fue justamente el núcleo de la objeción del interventor municipal y de la incertidumbre sobre la legalidad del acuerdo finalmente adoptado.
Así las cosas, el equipo de gobierno defendió la necesidad de dar una solución al problema inmediato que se producirá el 1 de enero, que podría – caso contrario – dejar sin actividad a todo el Polideportivo y a los usuarios, sin servicio.
La oposición Partido Popular, Ciudadanos y Sumem (Esquerra Unida – Els Verds) por su parte, achacó al equipo de gobierno que abordara este asunto “in extremis”, sin tiempo para reaccionar, habiendo dispuesto de muchos meses para abordarlo adecuadamente, sin querer afrontarlo y traspasando el problema a la próxima legislatura con el evidente riesgo y urgencia que ahora pretendía utilizar como justificante determinante de la decisión.
El grupo Sumem (Esquerra Unida – Els Verds) propuso además que se planteara y debatiera, no solo la opción de una ‘licitación pública’, sino también la gestión directa del servicio, a través de un proceso de remunicipalización como se ha hecho en otras localidades, proceso que figura en los programas electorales, no sólo de Sumen sino también de partidos actualmente en el equipo de gobierno y que supondría ahorros considerables para las arcas del municipio.
En la votación, el equipo de gobierno votó a favor y toda la oposición se abstuvo.
El resto del pleno transcurrió con aprobación de una moción en contra del proyecto comercial ‘Puerto Mediterráneo’ en la ciudad de Paterna y el inventario municipal.
Por último el alcalde, Salva Torrent, anunció la prórroga del presupuesto municipal para 2019 por medio de una resolución de alcaldía.
